La Policía Local precinta un hotel en Benalmádena con más de 200 clientes alojados por no estar dado de alta en el registro de la Junta

El motivo de esta decisión, según explicó el concejal de Aperturas del Ayuntamiento de Benalmádena, Raúl Campos, se debe a que tras una inspección, la empresa que explota el hotel no pudo aportar el asiento en el registro de alojamientos turísticos de la Junta de Andalucía, un documento clave para que cualquier negocio turístico pueda operar. «Hemos preguntado en Turismo y nos dice que esta sociedad no está en el registro, nosotros no entramos en más cuestiones, simplemente no procede darle la apertura al no tener la documentación en regla», resumió el concejal, quien aseguró que el anuncio de precinto se le notificó a la empresa que gestiona el hotel «a finales del pasado mes de marzo, es decir, hace ahora tres meses».

Por su parte, el gerente del hotel, Alberto Tusquellas, defendió que esta situación se debe a una «laguna administrativa». Explicó que la empresa Vive Resort Management SL asumió la explotación de este hotel hace ahora un año mediante un contrato de subarriendo. «Usábamos el registro del anterior explotador, pero se ve que la Junta envió una solicitud de documentación al antiguo gestor y al no aportarla, la Junta revocó el registro. Nosotros hemos presentado ya nuestro contrato de subarriendo, la declaración responsable ante la Junta y ante el Ayuntamiento y el correspondiente pago de tasas».

Por todo ello, Tusquellas arremetió contra la «gestión administrativa» del Ayuntamiento y defendió que al estar el hotel en manos de otra explotación distinta a la que ha sido dada de baja en el registro de la Junta y al haber presentado ya la documentación, ellos sí tienen derecho a seguir operando, pese al precinto del hotel. Por ello, el gerente aseguró que los huéspedes continuarán en el alojamiento conforme a lo reservado y si bien no podrán entrar ni salir por los accesos habituales, lo harán por el parking, que de momento no está precintado

Desde la empresa señalaron además que durante todo el invierno han tenido un contrato en vigor con el Imserso y han alojado a 45.000 mayores y que están dando empleo a una plantilla de 45 trabajadores.

La versión de la propiedad del hotel es bien distinta. Su propietaria, María José García Vargas, detalló que fue en el año 2015 cuando firmaron un contrato con una empresa para el arriendo de las instalaciones, pero dos años después se dieron cuenta de que esa empresa «le había cedido el negocio a otra». Ante esto, en 2018 denunciaron en el Juzgado y comenzó un proceso judicial civil, «que hemos ganado en primera y segunda instancia y que está a la espera de una resolución definitiva por parte del Tribunal Supremo, algo que esperamos que ocurra en estos días».

Si el Supremo acaba dándoles la razón entenderá que la figura no es de subarriendo sino de cesión, tal y como defiende la propiedad, y procederá a resolverse el contrato. En paralelo a esto, los propietarios también han iniciado un proceso penal, que está en fase de apertura de juicio oral. «Nuestros antiguos arrendatarios están en paradero desconocido y los que están ahora falsificaron un contrato y con ese contrato falso el Ayuntamiento les permitió abrir, pese a no tener autorización de la Junta de Andalucía», afirmó García Vargas, quien también arremetió contra el Consistorio por no haber atendido sus peticiones.